Con motivo del décimo aniversario de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (diciembre), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró unas jornadas para analizar esta ley. En este encuentro, representantes de diferentes formaciones políticas, del ámbito académico, de entidades del tejido asociativo de la discapacidad y de personas mayores, de la economía social y de profesionales de la prestación de servicios sociales coincidieron en la necesidad de reformar y reforzar esta red de prestaciones y apoyos.
Durante una mesa de debate formada por representantes del mundo de la política, todos coincidieron en la necesidad de trabajar para alcanzar un “pacto de estado” para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Si que varios partidos políticos hablaron de la necesidad de modificar algunos aspectos que no funcionaban bien o no eran los más adecuados como los criterios de baremación o la baja financiación.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, denunció los baremos nada ajustados para personas con una enfermedad mental o una discapacidad intelectual, y por otro lado, como los recortes que se han dado no han servido para frenar el déficit pero si han ocasionado sufrimiento a muchas personas. Éste también señaló que los retornos en la inversión en dependencia son del 38% y es además una forma de crear empleo de calidad y estable, debido al progresivo envejecimiento de la población.
Respecto a los prestadores de servicios, ven la necesidad de que existan entidades tanto con y sin ánimo de lucro, siempre bajo los controles que sean necesarios para garantizar la calidad de las prestaciones. Y todos coincidieron en la necesidad de reforzar la apuesta por la promoción de la autonomía personal y no sólo impulsar la atención a la dependencia.
Tras estos diez años de vigencia podemos decir que pese a que hay muchas cosas que mejorar y muchas personas a las que dar respuesta fue un hecho muy importante para muchas personas con discapacidad. De hecho, muchas y en nuestra entidad tenemos unos cuantos casos, están recibiendo un servicio a través de sus prestaciones que de otra manera no hubieran podido pagar.
Vistos los resultados en la aplicación que se han ido publicando debemos decir que tenemos suerte de estar en la comunidad de Castilla y León, pues esta a la cabeza a la hora de aplicación de esta ley, aunque todavía quede mucho por hacer. En otras comunidades tienen más lista de espera y las cantidades asignadas para las prestaciones son menores que en Castilla y León con lo que significa para las personas que tienen reconocida dependencia.
Además de los beneficios para las personas a los que se les ha reconocido, hay que tener en cuenta que la prestación de servicios que se ha estado y está potenciando genera empleos directos y estables, es más se habla de que en Castilla y León por cada millón de euros invertido se generan 50 empleos directos.
Queda mucho por hacer, por recuperar lo que los recortes ocasionaron, sobre todo a las familias que estaban recibiendo la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, por trabajar porque la financiación sea equitativa entre Estado y Comunidades Autónomas, por dar la importancia que tiene a reforzar el trabajo por la promoción de la autonomía personal, por agilizar plazos cuando se solicita, porque las prestaciones y servicios sean los mismos en cualquier comunidad autónoma, y sobre todo, porque todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo tan importante y que afecta a las personas, especialmente a las vulnerables.
Esperemos y ese es mi deseo para el 2017, que todos los partidos políticos lleguen a acuerdos en áreas tan importantes como la protección social, la sanidad y la educación, para beneficio de todos.
Sonia