Los profesionales de los Servicios Sociales de España vuelven a otorgar a Castilla y León un sobresaliente en su gestión de la aplicación de la Ley de Dependencia, dándole mayor puntuación en su dictamen de este año y elevando la nota de la Comunidad hasta un 9,3 sobre 10. Esto supone no solo incrementar la puntuación respecto al último dictamen, en el que se obtuvo un 8,9 sino superar ampliamente la puntuación media en España, que experimenta un descenso hasta los 4,6 puntos, con diez comunidades que no llegan a 5 y nueve comunidades que bajan su puntuación respecto al dictamen anterior.
Por undécima vez consecutiva en los dictámenes del Observatorio, Castilla y León lidera la gestión de la dependencia a nivel nacional. La Comunidad tiene el mayor número de personas atendidas desde que se implantó el Sistema, con más de 88.000 beneficiarios, su lista de espera es residual frente al 24,5% de la media estatal y es la comunidad que está teniendo mayor capacidad para crear empleos vinculados a la dependencia, con 26.000 trabajadores en la actualidad, lo que supone haber generado 2.000 empleos en el último año.
El dictamen destaca que, mientras la media nacional baja, Castilla y León es capaz de seguir superándose a sí misma a pesar de estar en niveles muy elevados y seguir creciendo. Mientras la media nacional baja del 4,9 al 4,6, Castilla y León experimenta una nueva subida y crece del 8,9 del dictamen de 2017 al 9,29 del actual.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha destacado varios aspectos que señala el Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia y que explican la valoración que se da a Castilla y León.
En primer lugar, Castilla y León registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del Sistema de Dependencia, con 88.709 beneficiarios, lo que supone 3.408 beneficiarios más que el año anterior. Estas más de 88.700 personas recibieron 115.507 prestaciones, lo que supone que casi 26.800 personas recibieron dos prestaciones, con una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,30%, superior a la media estatal del 1,23%.
Respecto a la tasa de desatención o lista de espera, el Observatorio señala que frente al 24,5% de media estatal, en Castilla y León esta tasa es residual, con solo un 1,4%.
También resalta el dictamen que Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de beneficiarios sobre su población potencialmente dependiente, un 13,03% frente al 9,25% de media estatal. Castilla y León es la única comunidad con plena atención, con 98,6% de personas atendidas, más de 23 puntos por encima de la media nacional.
Destaca así mismo el informe la evolución positiva de la Comunidad respecto a sí misma, al alcanzar en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia, con 15 dependientes por cada 1.000 habitantes.
Castilla y León es la comunidad que está teniendo la mayor capacidad para generar empleo en España en dependencia. Genera 50 empleos por cada millón de euros invertido, la tasa más elevada de España. Castilla y León cuenta con 26.000 personas trabajando en dependencia, lo que supone que la Comunidad ha generado 2.000 trabajadores más en dependencia en el último año. La importancia de todos estos aspectos se refleja también en el retorno económico y el dictamen señala que en Castilla y León el Sistema es capaz de generar unos retornos de 29 millones de euros, provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados.
La alta creación de empleo y la elevada tasa de retorno deriva, según el informe, del incremento del número de personas atendidas y de basar la atención en servicios profesionales. En este sentido, destaca que el 79% de las personas dependientes recibe servicios profesionales.
El dictamen recoge que la financiación del Sistema de Dependencia en Castilla y León fue de 637,9 millones de euros en 2017. Junto a esto, señala que el gasto público por habitante en Castilla y León ascendió desde los 166,65 euros, en 2016, a los 180,59 euros, en 2017, mientras la media de este gasto público en España se quedó en los 129,72 euros. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 6 de cada 10 euros de su presupuesto a dependencia.
En la tabla global de puntuaciones, tras el análisis del conjunto de las escalas de valoración, el dictamen sitúa en primer lugar en atención a la dependencia a Castilla y León con un 9,3. La siguen Castilla La Mancha, con 8,2; Andalucía, con 6,4; La Rioja, con 6,1; Galicia, con 6,01; Murcia, con 5,7; País Vasco, con 5,7, y Cantabria, con 5,4. Por debajo del cinco se sitúan Madrid, con 3,9; Navarra, con 3,9; Comunidad Valenciana, con 3,6; Ceuta y Melilla, con 3,6; Asturias, con 3,2; Aragón, con 3,2; Cataluña, con 2,5; Extremadura, con 2,5; Baleares, con 2,1, y Canarias, con 1,8.
